Mujeres rechazan "zonas rosas"

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El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) y el Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) rechazaron el proyecto de ley que busca crear una zona de tolerancia para el ejercicio del trabajo sexual, calificándolo de discriminatorio, inconstitucional y violador de los derechos humanos.

Santo Rosario, director del COIN, y la regidora Jacqueline Montero, del MODEMU, dijeron que no es viable la propuesta legislativa sometida por los congresistas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Esther Mirelys, Juan José Morales Cisneros y Eugenio María Méndez.

“Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad a que rechacen este proyecto, por discriminatorio, inconstitucional y violatorio de los derechos humanos y de la libertad de transito”, puntualizaron.

Indicaron que el gran reto que tiene pendiente la sociedad dominicana no es penalizar las actividades generadas por la pobreza y culpar a las víctimas de la desigualdad, sino mejorar la calidad de vida para la población, con políticas de desarrollo adecuadas.

Según un estudio realizado por el COIN en Santo Domingo y cuatro provincias del interior, más de 20 mil jóvenes de 15 a 25 años realiza el trabajo sexual, la mayoría expuestas al uso de droga, alcohol, contagio de Infecciones de Transmisión Sexual, violencia y ruido.

Según la investigación, aproximadamente el 5 por ciento de las trabajadoras sexuales de esos lugares presenta una prevalencia de VIH y 11 por ciento esta afectada de sífilis.

“Los legisladores proponentes no pueden olvidar que las trabajadoras sexuales son victimas de la pobreza extrema, la desigualdad y la violencia”, sostuvieron.

“Es importante destacar –agregaron- que el trabajo sexual existe por hay una demanda de este y porque existen los clientes, quienes son funcionarios, gerentes, turistas, empleados privados y para ellos que buscan esos servicios, y que para ellos no hay leyes”.

Al rechazar la iniciativa de los legisladores, Santo Rosario y Jacqueline Montero propusieron que las trabajadoras sexuales que laboran en establecimientos sean incorporadas a la Seguridad Social.

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