El recorte de un 15% del presupuesto de las instituciones públicas, anunciado el pasado 27 de Febrero por el Presidente Leonel Fernández ha tenido en el Archivo General de Nación, una dramática pero necesaria consecuencia: decenas de empleados y funcionarios han sido despedidos.
No es culpa de Roberto Cassá, el director que ha colocado al Archivo a la altura en la que nunca había estado. Es cuestión de números y matemáticas de nómina. Han tenido que dejar el Archivo excelentes profesionales y técnicos, lo que supondrá mucho trabajo para quienes han quedado en sus despachos.
Y no fue el 15% de reducción presupuestal lo que afectó el Archivo. Fue el 22% en realidad y, de haberse mantenido la nómina inalterable, ya el próximo día 25 habría cantidad de gente a la que no habría cómo pagarle su salario.
Nadie ha hablado del tema, como se se tratara de un tema prohibido o tabú, lo que no tiene sentido en un tiempo de transparencia. No se trata de deslucir la labor del director ni del trabajo que se hace en el AGN. La labor de Cassá es incuestionable. Y él es el primero en lamentar el haber tenido que autorizar el despido de importantes cuadros profesionales y técnicos. Pero los ingresos tienen, a veces, un lenguaje cruel que varía de acuerdo a su variación.
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