La querella involucra
a Gabriel Antonio Mora (alias Canoa) actual Director Municipal de Cabarete y
quien ocupa el cargo desde el 2008, y Eddy Morfe quien desempeño la función
hasta el 2008. Canoa también estuvo en la posición los años
2004 a
2005. Además sugiere investigar a
familiares de Canoa y otras personas citadas en la denuncia, vinculadas por
cobro de obras no realizadas, cambio de cheques, falsificación de firmas y
otros hechos.
ADECA solicitó que
Morfe, Canoa y sus socios en la trama delictiva sean enviados a prisión como
medida de coerción y condenados a 5 años de prisión y degradación cívica para
que no puedan ejercer ningún cargo público.
El presidente de
ADECA Gay Crosier pidió al Procurador General de la República y al
ministerio público de Puerto Plata acelerar las investigaciones y acciones para
detener esta escandalosa dilapidación de los recursos que pronto cumplirá una
década; y solicitó al Presidente Danilo Medina y a los líderes del PLD, del
PRSC, especialmente a Carlos Morales Troncoso, y del PRD, desmontar el manto de
protección política y de los funcionarios locales, que existe en la provincia
de Puerto Plata en favor de Canoa y sus compinches.
Dijo que lo mínimo que espera la comunidad es que
el ayuntamiento de Sosúa suspenda de sus funciones como Director del Distrito
Municipal a Canoa, tal y como ha sido solicitado por ADECA, ya que los
ciudadanos y empresarios de Cabarete no
se merecen ser representados y dirigidos por personas de esa calaña.
Ayer domingo el presidente Medina visitó a
Cabarete e intercambio con empresarios y hoteleros de la zona, principalmente con los dirigentes de
ADECA, Tomas Calender y Gay Grocier, quien dijo que también había informado al
mandatario sobre un intento de
apropiación del espacio público en la tradicional zona de playa de
Cabarete, con la anuencia de las autoridades de la provincia.
Abultado
historial de querellas
Es la segunda
querella que enfrenta Canoa por corrupción ya que en agosto pasado fue sometido
ante una corte de Puerto Plata por la
DPCA , basándose en un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas según el
cual la Junta
del Distrito Municipal de Cabarete realizó transacciones por $119.4
millones a través de diferentes
cuentas sin que existan “los documentos
que respalden de manera satisfactoria los referidos desembolsos”. Esta suma que
es igual al 70% de los $170.3 millones de la ejecución presupuestaria de los
años 2004 al 2010.
La querella de ADECA se suma al
historial de conflictos en que ha estado
envuelto Canoa, que además de la iniciativa del DPCA este año, ya fue sometido
a la justicia (diciembre 2008) por destruir un área protegida, que está
sometido por falsificación del libro de actas de la Junta Distrital
(julio 2011), tiene una querella por disparar contra un conductor y su vehículo
(abril 2012) y que es el primer funcionario que está siendo procesado por negarse
a entregar información pública (Julio 2012).
Canoa fue nuevamente sometido este
año por ADECA porque se negó otra vez a entregar información sobre el manejo de
la Junta Distrital
de Cabarete; pero todos los procesos en su contra “caminan lentos” en Puerto Plata, dijo La Hoz.
Las acciones de los empresarios de
Cabarete contra Canoa y la
Junta Distrital se iniciaron en el 2008 con las denuncias que
obligaron a revocar la privatización de la tesorería municipal, considerada un
hecho insólito, y un contrato de recogida de la basura. Ambos contratos fueron
hechos en violación a la ley de contratación del Estado.
Una de sus respuestas fue iniciar un
proceso contra el Gay Crosier por una supuesta
violación a las regulaciones ambientales, para el cual falsificó un acta de la Junta Distrital.
Esta acción fue desestimada en todas las instancias y por ella ahora enfrenta
una demanda y una querella por falsificación que protagoniza la DCPA.
Asociación de malhechores
El doctor La Hoz
informó que se acusa a Canoa y Morfe de desfalco,
abstención y colusión por Violación de la ley 176-07 sobre los ayuntamientos,
los artículos 146 y 148 de la
Constitución de la República y los artículos del Código Penal
Dominicano relativos a desfalco (Art. 171), prevaricación (Art. 166), concusión
(Art. 174), asociación de malhechores y otros.
La Hoz
dijo que la querella de ADECA es con constitución de la organización como actor
civil.
Dijo que un análisis de la
documentación en manos de la
Asociación hecho por un contador encontró que sólo en una
supuesta aplicación de asfalto en Cabarete sin contratos ni soportes
justificativo en los años 2008 y 2009 se esfumaron RD$54 millones de pesos; y
unos RD$10 millones en cheques emitidos a nombre de Guarionex Sánchez y cambiados por el tesorero municipal y un
hermano de Canoa. También se emitieron cheques por más de RD$2.5 millones a
favor de tres hermanos de Canoa, y otros RD$15 millones emitidos con facturas y
firmas falsificadas.
Explicó
que la acción iniciada se sustenta en el artículo 21 de la ley 176-07 sobre los
ayuntamientos que establece que en caso
de violación a esta legislación “cualquier persona física o moral” podrá
solicitar a las jurisdicciones panales competentes “la puesta en movimiento de
la acción pública, en constituirse en calidad de querellante y actor civil
según los términos del Código Procesal Penal y solicitar las sanciones
correspondientes”.
Otros
actores en la trama
El documento
presentado a la fiscalía de Puerto Plata pide que se cite a Claritza Ruiz,
Presidenta Sala Capitular; a Humberto Mora,
el hermano de Canoa que ha cambiado durante años todos los cheques del
ayuntamiento; a Oscar Peña, mensajero del ayuntamiento con muchos cheques
a su nombre y ha cambiado muchos cheques; a David González Medina, a favor del
cual se emitieron RD$2 millones en cheques por venta de grama sobrevaluada, sin
soporte y con firma falsificada.
También que se interrogue a Guarionex Sánchez,
quien aparece desde 2004 colocando un caliche que no existe y
cobrando obras de Cabarete sin hacerla; a Rey Ángel Arvelo quien ha cambiado
numerosos cheques del ayuntamiento, y a Federico Sánchez Morales, quien tiene
un contrato de RD$93 mil mensuales para el mantenimiento de la grama y palma de
la carretera de Cabarete.
La querella afirma que Morfe y Mora “constituyen una asociación de
malhechores en perjuicio de los bienes de la Junta Municipal de
Cabarete, en la cual se han turnado en su Administración y en la comisión de
los hechos que le son imputables mutuamente y para sus respectivos periodos de
administración”.
Además, que han actuado “para
sustraer cuantiosas sumas del presupuesto de cada año del Ayuntamiento del
Distrito Municipal de Cabarete, durante las administraciones del mismo, bajo su
entera dirección. Hecho que en buen derecho significa desfalco planificado y
ejecutado”.
La querella de la DPCA en agosto
El doctor La Hoz pidió a la Procuraduría General
de la República
actuar para romper la inercia del ministerio público en Puerto Plata y acelerar
el proceso de investigación y la abultada lista de procesos que involucran a
Canoa y sus cómplices en Cabarete, Sosúa y Puerto Plata.
La investigación citada hecha por la Camara sobre la ejecución
presupuestaria y que motivó la querella de la DCPA de agosto pasado, abarca el período 2004 -
2010, en el cual actuaron Morfe y Mora (Canoa), bajo cuyo mandato se ejecutó el
54% de los recursos erogados en el período ya que sólo en los años 2009 y 2010
se gastaron $91.1 millones.
El
informe señala que los “estados de ejecución presupuestaria no presentan
razonablemente en todos sus aspectos los ingresos y desembolsos realizados” en
el período, y señala que se violaron las disposiciones de las leyes de
organización municipal, de municipios,
de presupuesto, de contrataciones públicas, de función pública, el Código
Tributario y otras disposiciones.
Esta auditoría revela que se asignaron obras por valor de $81.6
millones sin contratos, principalmente en los años 2009 ($40 millones) y 2010
($26 millones), bajo el mandato de Canoa, y se comprobó el pago de $57.2
millones a contratistas de obras sin los soportes justificativos,
principalmente a la
Corporación Norteña de Asfalto, a las constructoras Kuky
Silverio Industrial, Sánchez, Julio Melquiades Valdez , Lorenzo Sarita, Rolando
Bonilla Smith y Transportes Dominguez.
En Distrito recibió ingresos por
$30.6 millones “de los cuales se
comprobó que los recibos de ingresos superan los depósitos y viceversa”. A los
volantes de depósitos “no se les anexaron los recibos de ingresos
correspondientes”. También, pagó de
$224 mil por avances de construcción cuyos beneficiarios difieren de los que
figuran en las facturas anexas como justificación; se emitieron recibos por
$39.1 millones por licencias de construcción sin anexar los documentos
relacionados, y se pagaron $2.2 millones en combustibles con cheques a nombre
de funcionarios y empleados o personas físicas.
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